CORTE SUPREMA ACOGE RECLAMO DE ILEGALIDAD Y ANULA DECRETO QUE DECLARÓ DESIERTA LICITACIÓN MUNICIPAL

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La Corte Suprema acogió el reclamo de ilegalidad deducido en contra del decreto municipal que declaró desierto el proceso de licitación de servicios de recolección y transporte de residuos domiciliarios y aseo de ferias en la comuna de Cerro Navia.

En fallo unánime (causa rol 3.032-2018), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Arturo Prado, Ángela Vivanco y el abogado (i) Diego Munita– acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago y dictó sentencia de reemplazo, tras establecer el actuar arbitrario de la Municipalidad de Cerro Navia al declarar desierto el proceso de licitación al exigir un quorum mayor al legal.

“Que, como se adelantó, es un supuesto fáctico asentado por los sentenciadores que la Municipalidad de Cerro Navia convocó a un proceso de licitación pública para la celebración de un contrato que tiene por objeto que la empresa adjudicataria preste un servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios y aseo de las ferias dela comuna”, sostiene el fallo.

Resolución que agrega: “Pues bien, en lo que resulta atingente a la litis, en las ‘Disposiciones Generales’ de las Bases Administrativas Generales, se señala que en ella se contiene las normas y procedimientos que reglamentan la licitación para la concesión del servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios y el aseo de las ferias de la comuna de Cerro Navia. En el punto 1.3.- ‘Objeto de la Licitación’ se consigna que consiste en ‘asegurar a la comuna un servicio de aseo en todos los ámbitos en que se extiende, externalizando éste mediante el sistema de concesión a un tercero, a quien se traspasa la responsabilidad de efectuar la recolección y transporte de residuos domiciliarios y aseo de ferias’. Por otro lado, se establece dentro de la ‘Modalidad del Contrato y Precio del Contrato’ que se trata de una oferta a suma alzada por los dos servicios que se detallan en el objeto de la licitación, cuyos pagos se realizan de manera mensual y por un monto fijo para todos los servicios”.

“(…) en consecuencia –continúa–, se debe establecer si en la especie se ha desnaturalizado el proceso de licitación pública convocado por el municipio y con ello el contrato de concesión, producto de la interpretación de los sentenciadores. En tal labor, atendido lo razonado y lo señalado en las bases de licitación de la concesión del servicio público de que se trata, sólo cabe concluir que efectivamente tal desnaturalización se ha producido, por cuanto se desprende inequívocamente que través del proceso licitatorio en cuestión, se persigue la externalización del servicio público, pagando a una empresa una determinada cantidad de dinero para que desarrolle tal labor, acorde con la facultad legal que autoriza a las municipalidades a celebrar contratos y otorgar concesiones para la prestación de determinados servicios municipales o para la administración de establecimientos o bienes específicos que posean o tengan a cualquier título”.

“De modo que no resultaba procedente declarar desierto el proceso de licitación pública iniciado por la Municipalidad de Cerro Navia, a causa de no obtener la propuesta de adjudicación, la aprobación de dos tercios del Concejo Municipal y, al haberlo resuelto así, los sentenciadores han alterado las condiciones de aprobación de las concesiones municipales que requieren para su conformidad de la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión respectiva y no los dos tercios del Concejo Municipal”, añade.

“Así, la sola exposición de los antecedentes, deja al descubierto la ilegalidad en la que se incurrió al analizar la votación conforme al quórum de aprobación que exige la letra j) del artículo 65 de la Ley N° 18.695. En efecto, se desconoce completamente la naturaleza jurídica del servicio. Lo anterior es trascendente puesto que los concejales que votan por la aprobación, unida a la votación favorable del edil de la comuna, como se señaló, permite asentar que el quórum necesario, vale decir, la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión respectiva, fue logrado al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la misma ley”, afirma la resolución.

En consecuencia, “el Decreto Alcaldicio N° 494, de 11 de abril de 2017, como el Acuerdo N° 74 del Concejo Municipal, adoptado en la Sesión N° 6 del día 3 del mismo mes y año, constituyen actos ilegales, pues razonan sobre la base de un quórum de aprobación que no es aplicable en la especie, por lo que vulneran el artículo 65 letra k) de la Ley N° 18.695, en relación al artículo 86 de la misma ley, razón por la que el reclamo de ilegalidad deberá ser acogido”, resuelve.

Por tanto, concluye que: “se acoge el reclamo de ilegalidad planteado por el abogado Héctor Parra Rojas, dejándose sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº 494 de 17 de abril de 2017 y el Acuerdo N° 74 del Concejo Municipal, adoptado en la Sesión N° 6 del día 3 del mismo mes y año”.
Ver fallo (PDF)

 

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