Revelación de la controversia en torno al estacionamiento municipal de Rancagua

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Cuando la noticia de que la empresa “Centro de Custodia de Vehículos Infractores” había interpuesto una querella contra cuatro concejales de Rancagua por cohecho se difundió, el alboroto se apoderó de la opinión pública local. Los acusados son los concejales María Carmen Orueta, Valentina Cáceres, Emerson Avendaño y Hugo Guzmán, quienes presuntamente exigieron ventajas ilegítimas a cambio de influir en una futura licitación. Sin embargo, los detalles del caso y la historia detrás de estos acontecimientos son más complicados, y en este artículo intentaremos desentrañar las incógnitas que emergen de los hechos conocidos.

El punto de vista de la empresa demandante

De acuerdo con la querella y la reclamación presentada ante la Municipalidad de Rancagua, los concejales presuntamente se confabularon para solicitar donaciones monetarias a cambio de beneficiar a la empresa demandante en una licitación pública. El objetivo de esta licitación sería permitir que particulares presten los servicios de almacenamiento y custodia de vehículos retirados de circulación debido a infracciones de tráfico.

“La Muni va a licitar el servicio, hable con su jefe para que converse con nosotros, ya que podemos ayudarlo si nos ayuda con algo, porque nosotros cuatro siempre votamos en bloque”, habría dicho el concejal querellado Hugo Guzmán Millán al encargado del local, según la querella.

Según la demanda judicial, los concejales habrían proporcionado “consejos” técnicos para asegurar la adjudicación de la próxima licitación. El concejal Avendaño, por ejemplo, habría sugerido que “debe aumentar la extensión del terreno, incrementando la cantidad de metros cuadrados para tener mayor capacidad, ya que investigué en el departamento de rentas municipales y el terreno que tienen no será suficiente para la cantidad de vehículos”. Según los demandantes, esto implicaría que este concejal habría obtenido información de manera irregular sobre el funcionamiento del aparcadero para solicitar beneficios por actos propios de su cargo.

El hecho de pedir ventajas inapropiadas para influir a favor de la empresa en un posible proceso de licitación y haber amenazado a los particulares si no se accedía a lo solicitado, serían los delitos de cohecho y amenazas que sustentan la querella que fue admitida a trámite el pasado 14 de abril en el Juzgado de Garantía de Rancagua.

Sin embargo, surgen varias preguntas: ¿Por qué los concejales visitaron la empresa? ¿Por qué una empresa con licencia de estacionamiento se llama “Centro de Custodia de Vehículos Infractores” y se ubica en una comuna que tiene un recinto municipal para ese fin? Y ¿por qué se prepararon bases para un proceso de licitación si Rancagua cuenta con un aparcadero municipal para custodiar vehículos retirados por infracciones de tráfico?

La empresa, su formación y expectativas comerciales

En enero de 2022 se constituyó la empresa “Centro de Custodia de Vehículos Infractores”. En ese momento, el aparcadero municipal que acogía a los vehículos infractores funcionaba con normalidad. La empresa obtuvo la licencia de estacionamiento y comenzó a operar. Pero, ¿por qué escoger ese nombre específico?

Más de un año después, el 17 de marzo de 2023, la secretaría regional ministerial de salud de la región de O’Higgins prohibió el funcionamiento del aparcadero municipal, ya que estaba ubicado en un terreno que había sido un vertedero o relleno sanitario, y no se habían probado las medidas de seguridad que permitirían utilizar ese terreno para otros fines, como el almacenamiento de vehículos. En ese contexto, el municipio de Rancagua comenzó a derivar vehículos a la mencionada empresa privada.

Puede ser suerte o coincidencia, pero la empresa tenía disponible un servicio antes de que se produjera la necesidad de recurrir a él.

La licitación

Cuando la secretaría regional ministerial de salud prohíbe que el aparcadero municipal continúe funcionando, desde el municipio de Rancagua se percibe la necesidad de contar con un recinto o terreno alternativo. Sin embargo, es sorprendente que, según el testimonio de los concejales, ya existían bases de licitación para proveer el servicio. No solo eso, según Orueta, Cáceres, Avendaño y Guzmán, en las bases elaboradas ya se incluía la dirección actual de la empresa en cuestión, además de características “curiosamente” idénticas a las que exhibe la empresa. Los concejales denunciaron que se trataría de una licitación “dirigida”.

“Había una licitación que se bajó porque estaba siendo direccionada”, señaló el concejal Guzmán. La concejala Cáceres agregó que “hemos tomado medidas legales contra esta empresa, estamos seguros de que la denuncia es totalmente falsa”, y acusó que “estamos afectando los intereses de aquellos que quieren lucrar, hemos frenado su negocio, lo siento por ustedes, pero es mejor para Rancagua”.

¿Por qué se prepararon esas bases de licitación si el aparcadero no había sido clausurado? ¿Sabía el municipio que eso ocurriría? Si sumamos la licitación con las condiciones denunciadas por los concejales y la creación de una empresa destinada a proporcionar un servicio que en ese momento no se requería, los cuatro concejales concluyen que se estaba preparando un negocio muy lucrativo para algunos.

Aclaración de la Municipalidad

En respuesta a las consultas de El Tipógrafo, la municipalidad de Rancagua aclaró que: “Efectivamente se inició un procedimiento interno, destinado a realizar una licitación pública, con el objetivo de satisfacer la necesidad de contar con un nuevo aparcadero municipal que se adecúe a los requisitos actuales y esté en línea con las normativas legales vigentes…

Por último, sobre la supuesta dirección de la mencionada licitación, el municipio quiso señalar también que, “esta Municipalidad no ha recibido acusaciones en ese sentido, por lo tanto, mal podemos responder a rumores infundados, ya que no ha habido ninguna licitación pública publicada en el portal de Mercado Público para la concesión de un nuevo aparcadero municipal”.

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