Durante su intervención en la comisión que revisa la acusación constitucional contra el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, Cristóbal Acevedo, exdirector de la Junaeb, afirmó que la entidad desembolsó $3.500 millones por 30 colaciones en 2022. En respuesta, la Junaeb emitió un comunicado en el que señaló que Acevedo hizo “acusaciones extremadamente serias que no estaban en la acusación original, y que se hicieron sin proporcionar la información básica necesaria para verificar y responder de manera responsable”.
Además, señalaron que “los montos a los que se refiere el exdirector de la Junaeb, Cristóbal Acevedo, corresponden a contratos firmados antes de la llegada de este gobierno”. Sin embargo, subrayaron que “no es posible que se paguen $3.500 millones de pesos por 30 raciones, ya que el precio máximo ofertado y adjudicado por un servicio de once es de $7.289 pesos, un valor alto, adjudicado en la administración anterior. La licitación realizada durante este periodo obtuvo el mismo servicio por un valor máximo de $1.093 pesos”.
El comunicado también afirmó que “no existe ninguna empresa que entregue 30 raciones, ya que el mínimo de raciones por empresa es de 1.508.821 al año”. Además, destacaron que “toda la información de los contratos es pública, y las condiciones y precios de cada servicio se pueden encontrar en la página de Mercado Público www.mercadopublico.cl. Es importante destacar que desde 2022 hasta la fecha, no existen contratos del Programa de Alimentación Escolar que no hayan sido conocidos y revisados por la Contraloría en el control de legalidad que dicha entidad realiza a través del trámite de toma de razón”.
Además, añadieron que “en respuesta a las diversas acusaciones, esta administración solicitó a la Contraloría General de la República una investigación o auditoría a los procesos de pago del Programa de Alimentación Escolar, con el objetivo de despejar cualquier duda y encontrar posibles puntos de mejora para la gestión del programa”.
Finalmente, desde la Junaeb señalaron que “no es posible contrastar de manera veraz y responsable la acusación realizada mientras no se entreguen los antecedentes necesarios por canales formales propios o a través de los órganos de control establecidos por la Constitución y las leyes, que es la forma en que la institucionalidad puede analizar y atender este tipo de hechos”.
